La última propuesta de la Generalitat Valenciana sobre los residuos trae de cabeza al sector empresarial y ha abierto un interesante debate público sobre la conveniencia o no de implantar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para algunos tipos de envases. En la idea del Consell está mejorar la tasa de reciclado actual, pero el tema es controvertido.
De manera resumida, la propuesta es más o menos así (no hay demasiada transparencia al respecto y no está disponible el borrador de anteproyecto para los ciudadanos de a pie): se trataría de implantar un SDDR para botellas de vidrio y latas de bebidas, que supondría para los consumidores pagar un coste adicional (depósito) en cada bebida, que se recuperaría al devolver cada uno de los envases en perfecto estado a través de máquinas (en grandes superficies) o manualmente (pequeños comercios).
Para variar, hay posiciones a favor y en contra que exhiben argumentos poderosos. En el lado de los partidarios, se ofrecen datos sobre experiencias en países europeos en los que está implantado, que alcanzan mayores tasas de reciclado globales, se pone el énfasis en que este sistema es neutro para el consumidor en términos económicos.
En el lado de los que reniegan, se argumenta que este sistema no evita la existencia de los sistemas integrados de gestión (ecoembes o ecovidrio), que supone una fuerte inversión en máquinas de recogida, en tiempo de trabajo para los comerciantes y en espacio de almacenamiento.
Un análisis somero desde la triple contabilidad de la sostenibilidad: económica, social y ambiental, nos ofrece un punto de vista interesante.
En términos económicos, frente al sistema actual, nos enfrentamos a un incremento global de costes: por un lado, evidente, implantar el sistema supone adquirir miles de máquinas que permitan la recogida de los envases, eso lo deberemos pagar todos. Por otro, se resta competitividad a las empresas imponiéndoles el coste del espacio destinado en los establecimientos a albergar las máquinas o a almacenar los envases recogidos manualmente, de la energía que consuman estas máquinas y de las horas de trabajo que los comerciantes han de dedicar a la recogida de envases, devolución de depósitos y la carga administrativa del proceso. También hemos de considerar el gasto de agua de particulares y comercios que recurran a un prelavado para evitar olores y la proliferación de patógenos. Es previsible también el gasto en transporte privado de residuos hacia los comercios. Además, hemos de prever la ineficiencia de los actuales sistemas integrados de gestión (SIG), puesto que se produce una pérdida de volumen a tratar, mientras que ha de mantenerse la misma infraestructura de recogida y tratamiento.
En la parte positiva, un mayor incremento en la tasa de recogida de estos residuos generaría importantes ahorros en materias primas y energía.
En términos sociales, si pensamos en los consumidores, hay más inconvenientes que ventajas. Será necesario habilitar nuevos espacios en casa para almacenar los envases que van al SDDR (hay que recordar que las máquinas no aceptarán latas compactadas o botellas rotas). Además de separar y depositar la basura en el contenedor correspondiente, como hacemos ahora, hemos de ir a los comercios para devolver este tipo de envases. Cuando rompamos o abollemos accidentalmente una botella o una lata, debemos asumir que no recuperaremos el depósito correspondiente. Si pensamos en las personas mayores o con movilidad reducida, que recurren a pedidos a domicilio, será difícil que puedan acceder al sistema y acaben por asumir el sobrecoste de no devolver estos envases, una barrera más para ellos.
En lo puramente ambiental, lo cierto es que los resultados teóricos de la nueva propuesta no aportan ninguna ventaja sustancial frente al actual sistema. El éxito de los SIG se sustenta en la separación en origen y la recogida selectiva; el nuevo también. No hay mejora en la jerarquía de residuos a la que se refiere la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados -el SDDR no está orientado a la reutilización, por lo que el destino de los residuos será el mismo que ahora, el reciclado-. En esencia, los resultados dependen de la implicación de la ciudadanía en el sistema, igual que ahora.
El sistema de recogida, gestión y tratamiento de residuos con el que contamos, en cuanto a residuos de envases, ha permitido a España una mejora sustancial en estos años. En 2005, el porcentaje de recuperación de envases domésticos era de un 56,12%, mientras que el de la UE27 era de 66,80%, o sea, nos separaban más de diez puntos de la media europea. El último dato comparable que ofrece Eurostat, de 2013, sitúa la cifra española en un 73,14% frente a un 79,25% de la UE27, es decir, hemos aumentado el porcentaje de recuperación en más de 23 puntos en ocho años y reducido el diferencial a poco más de seis puntos. No hay razón que permita pensar que la conciencia ambiental colectiva se vaya a frenar o que la eficiencia de nuestro sistema haya tocado techo. De seguir así, en poco más de una década podemos alcanzar la convergencia con nuestros vecinos europeos.
Como se ve, se trata de una cuestión polémica, por lo que será preciso dar la talla en el proceso político y de participación para acercar posturas. 49 organizaciones empresariales de la Comunitat, entre las que están las más representativas, respaldan un manifiesto contrario a este sistema, mientras que 31 organizaciones -valencianas, de otras comunidades autónomas, de otros países e internacionales- respaldan el proyecto promovido por la Generalitat para acabar con el littering (residuos desperdigados por el campo o la ciudad). Los espacios de diálogo han de ser activos, no perder el norte del interés general, apoyar las posiciones en información veraz y contrastada, basada en estudios técnicos y evidencias científicas y buscar el consenso necesario para que se logre un avance sostenible económica, social y ambientalmente.